El Ministerio Público de la Defensa (MPD) insistió ayer en pedir la nulidad de las acusaciones contra 36 de los 41 imputados en la megacausa por delitos de lesa humanidad "Arsenales II-Jefatura II". En las audiencias del jueves por la tarde y de la mañana de ayer en el Tribunal Oral Federal (TOF), los abogados comenzaron a presentar caso por caso y requirieron la absolución de los acusados.

En general, argumentaron que sus defendidos no habrían ocupado los cargos que les adjudican la Fiscalía y las querellas; no habrían estado en funciones al momento de los hechos y que los testigos, salvo algunos específicos, no los habrían mencionado directamente involucrados en ilícitos. Cuestionaron duramente la investigación efectuada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y los argumentos de las querellas particulares.

El trabajo de la MPD está encabezado por los abogados Ciro Lo Pinto y Adolfo Bertini. Mientras que actúan también los defensores ad hoc Vanessa Lucero, Mariano Galletta, Martín Galliano y Manuel Bonnin.Representan los intereses de los acusados que no cuentan con defensores particulares. Se trata de los ex policías Luis De Cándido, Oscar Gómez, Juan Abraham, Ricardo Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Roberto Albornoz, Ramón Jodar, Ángel Moreno, María Luisa Acosta, Félix Insaurralde, María Elena Guerra, Pedro Pasteris, Guillermo Ugarte y Antonio Vercellone; los ex gendarmes Ernesto Rivero, Celso Barraza, Benito Palomo, Tomás Güemes, Marcelo Godoy, Alberto Montes de Oca y José Sowinski; los ex militares Jorge Lazarte, Mario D'Ursi, Camilo Colotti, Luis Varela, Hugo Soto, Pedro Caballero, Luis Ocaranza, Augusto Neme, Fernando Torres, Alfredo Moore, Ramón Ojeda Fuente, Ramón Cooke, Luis De Urquiza y Ariel Valdiviezo y el personal civil de inteligencia Guillermo López Guerrero.

"Ficción probatoria"

Si bien en la mayoría de los casos los profesionales plantearon que deberían ser desestimados los cargos por la supuesta falta de pruebas o bien por el beneficio de la duda, hicieron hincapié en algunos que consideraron "paradigmáticos".

La letrada Lucero hizo foco, entre otros, en el caso de Jodar y lo caracterizó como un "paradigma de la injusticia y la improlijidad". Tras rechazar las pruebas esgrimidas por el MPF, consideró que lleva tres años de prisión (dos de domiciliaria y uno en la cárcel de Villa Urquiza) "porque quieren demostrar que la Policía de Tafí Viejo estaba involucrada en el circuito represivo. Usaron como prueba casos en los que Jodar no está imputado. Hubo una persecución y violación del principio de inocencia". Jodar, según la acusación fiscal, está imputado por supuesta violación de domicilio en un caso y por asociación ilícita. Los fiscales pidieron que sea condenado a 12 años de prisión.

Bertini, en el mismo sentido, calificó como una "ficción probatoria"la causa por presunta usurpación de la casa del matrimonio de víctimas Oesterheld-Araldi en la que está acusada Guerra. "Hubo un derrotero de errores. Los testigos fueron por el caso Oesterheld, que ya fue juzgado. No aportaron nada. La que estuvo originalmente en esa casa era la madre de Guerra, ella (la imputada) llegó después", justificó. Los fiscales habían pedido una pena de tres años. Lo Pinto desarrolló luego la defensa de Albornoz y De Cándido, los dos imputados que llegaron al juicio con condena por la causa "Jefatura I" (2010). "Habíamos recusado a dos de los jueces (Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas) porque ya los juzgaron. Ya fueron condenados por asociación ilícita en Jefatura. Ahora Albornoz también está por el Arsenal y por hechos del interior ¡Es como si hubiese sido el dueño de Tucumán!", ironizó. Después consideró que hay una "persecución". Pidió la absolución de ambos ex miembros de la fuerza.

Galletta mencionó que De Urquiza está imputado por una sola víctima, el conscripto Luis Alberto Soldati, quien habría desaparecido del Arsenal. "(Soldati) es una familia diezmada (dos miembros están desaparecidos). Son hechos que no compartimos ni toleramos. Más allá de eso, las acusaciones tienen que ser probadas", advirtió para luego considerar que fueron "vagas" y basadas en conjeturas. Después, valoró la actuación del acusado en la Guerra de Malvinas y lo tildó de "defensor de la soberanía".

Los abogados pusieron la lupa sobre las declaraciones de quienes llamaron "testigos estrella"- víctimas que habrían sido obligadas a colaborar con las fuerzas- y cuestionaron sus dichos. Ocurre que las declaraciones de deponentes como Juan Martín o Carlos Clemente, entre otros, sobre los supuestos actores de los centros clandestinos fueron clave para las acusaciones. Al cierre de esta edición, el MPD seguía con su alegato.

En el TOF.- Los imputados que siguen el proceso en el edificio del Tribunal Oral Federal son 33. Del total, 31 están alojados en la cárcel de Villa Urquiza. La mayoría de ellos fueron llevados a fines de agosto de 2012 por pedido de la Fiscalía. No todos permanecen en la sala durante las audiencias, gran parte lo sigue desde una sala contigua.

DESDE BUENOS AIRES.- Por razones médicas, un grupo de sospechosos fue alojado en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires, que cuenta con un hospital. Los ocho encartados tienen la posibilidad de seguir el juicio mediante videoconferencia.

En sus casas.- Dos imputados cuentan con prisión domiciliaria por prescripción médica: el ex policía Oscar Gómez y el personal civil de inteligencia Guillermo López Guerrero.

Duras penas.- El Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió que 33 de los 41 imputados fueran condenados a perpetua. Pidieron la pena máxima para 14 ex policías, 13 ex militares, cinco ex gendarmes y un civil. Para el resto de los sospechosos, pidieron entre cuatro y 25 años. Los representantes del Estado consideraron que todos los delitos-que van desde violación de domicilio hasta abusos sexuales y homicidio triplemente calificado- deben ser calificados como de lesa humanidad y que, de haber condenas, deben cumplirse en la cárcel de Villa Urquiza.

Un año.- La megacausa comenzó hace más de un año, el 12 de noviembre de 2012. El proceso oral juzga las presuntas responsabilidades de 41 imputados en delitos de lesa humanidad cometidos contra 215 víctimas. Los hechos habrían ocurrido en los centros clandestinos de la ex Jefatura de Policía y el Arsenal "Miguel de Azcuénaga".